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Un mapa de los países que han introducido sanciones contra Venezuela en respuesta a la crisis saliente en Venezuela Países que introdujeron sanciones Países de la Unión Europea que han introducido sanciones colectivamente Países europeos no pertenecientes a la UE que se alinearon con las sanciones de la UE Países que introdujeron prohibiciones de entrada a funcionarios del gobierno de Maduro
Durante la crisis de Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México, Panamá y Suiza aplicaron sanciones individuales contra personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Las sanciones fueron en respuesta a la represión durante las protestas venezolanas de 2014 y las protestas venezolanas de 2017, y las actividades durante las elecciones de la Asamblea Constituyente venezolana de 2017 y las elecciones presidenciales venezolanas de 2018. Se impusieron sanciones a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, incluidos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, a miembros de las fuerzas militares y de seguridad, y a particulares acusados de estar implicados en abusos de los derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de Derecho y represión de la democracia.
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Misión diplomáticaEmbajada de Estados Unidos, CaracasEmbajada de Venezuela, Washington, D.C.EnviadoEmbajador de Estados Unidos en Venezuela James Broward StoryEmbajador de Venezuela en Estados Unidos Carlos Vecchio (Encargado de Negocios)
Las relaciones fueron sólidas bajo los gobiernos tradicionales de Venezuela, como los de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera[cita requerida]. Sin embargo, las tensiones aumentaron después de que el presidente Hugo Chávez asumiera el cargo electo en 1999 y años después se declarara socialista y “antiimperialista”, en referencia a estar en contra del gobierno de Estados Unidos. Las tensiones entre los países aumentaron aún más después de que Venezuela acusara al gobierno de George W. Bush de apoyar el fallido intento de golpe de Estado venezolano en 2002 contra Chávez,[1][2] acusación de la que se retractó en parte posteriormente[3].
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se tensaron aún más cuando el país expulsó al embajador estadounidense en septiembre de 2008 en solidaridad con Bolivia después de que un embajador estadounidense fuera acusado de cooperar con grupos violentos antigubernamentales en el país. Aunque las relaciones se descongelaron un poco bajo el mandato del presidente Barack Obama en junio de 2009, poco después volvieron a deteriorarse. En febrero de 2014, el gobierno venezolano ordenó la salida del país de tres diplomáticos estadounidenses por acusaciones no probadas de promover la violencia[4][5].
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En agosto de 2017, Venezuela se encontraba en medio de la mayor ola de protestas de su historia reciente, con un récord de 100 días consecutivos de concentraciones. En ese momento, y junto a los brutales actos de represión del régimen venezolano de Nicolás Maduro (como el asesinato de más de 100 manifestantes ese año por parte de las fuerzas de seguridad), existía la creencia a nivel nacional de que los jóvenes del país no volverían a casa hasta que se restaurara la democracia.
En este contexto, la administración Trump cambió radicalmente el enfoque de Estados Unidos respecto a la crisis económica y política de Venezuela. En un intento de apoyar a los manifestantes, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una agresiva política de sanciones contra el gobierno de Maduro, creyendo que tales medidas acelerarían una transición política en Venezuela al estrangular financieramente al régimen.
Pero cuatro años después, la situación política de Venezuela no puede ser más desalentadora. Hoy, el régimen de Maduro parece más fuerte que nunca. Mientras tanto, la sociedad civil de Venezuela parece estar rota sin remedio tras años de represión económica y política a manos de un régimen que empujó a 8 de cada 10 venezolanos a la pobreza extrema, provocó la huida de casi 6 millones de exiliados y dejó a más de 7 millones de venezolanos necesitados de ayuda humanitaria, incluyendo tratamiento médico, refugio, saneamiento y alimentos.
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Por ejemplo, las sanciones petroleras están diseñadas para “cortar esas fuentes de ingresos financieros y evitar que la industria petrolera sea explotada para el clientelismo”, dijo Carrie Filipetti, del Departamento de Estado, ante un comité del Senado estadounidense en 2020.
Los economistas coinciden en que las sanciones estadounidenses no son responsables del declive de la economía venezolana. Según un estudio de la Brookings Institution y la Universidad de Harvard, “cuando se analizan varios resultados socioeconómicos en Venezuela a través del tiempo, queda claro que la mayor parte del deterioro de los niveles de vida ocurrió mucho antes de que se promulgaran las sanciones en 2017.”
Si bien el gobierno de Estados Unidos ha colocado sanciones a personas y organizaciones, las “sanciones no tienen por qué ser permanentes para quienes quieran contribuir al futuro democrático de Venezuela”, explicó Elliott Abrams, del Departamento de Estado, en 2020. Pero “otros que sigan beneficiándose o apoyando a Maduro deberían tomar precauciones”.
