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La nueva Constitución en Chile – Recuperar el control del agua como bien público28 de octubre de 2021WebinarEl levantamiento popular sin precedentes de octubre de 2019 llevó a un plebiscito un año después que mostró que más del 80% de la población chilena quería enterrar la Constitución de Augusto Pinochet de 1980, marcando un hito en el país. La Convención Constitucional votada por el pueblo ha recibido la responsabilidad de redactar un nuevo conjunto de normas para el país.
La lucha por el agua en las calles de Bolivia y las masivas movilizaciones indígenas en Ecuador en defensa de los bienes comunes abrieron la puerta a las Asambleas Constituyentes en estos países a principios del nuevo siglo. Adaptarse de la resistencia en las calles a realizar cambios a través de escenarios institucionales es un reto importante. Entre otras habilidades, requiere de estrategias diferentes en comunicación y negociación política. La oportunidad de Chile, si se aprovecha lo suficiente, se sumará a las lecciones aprendidas en Ecuador y Bolivia y será un ejemplo para otros países latinoamericanos.
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Cinco días antes de dejar la presidencia de Chile, Michelle Bachelet envió al Congreso chileno un proyecto de ley que propone un nuevo texto constitucional para sustituir la actual Constitución. La adopción de una nueva constitución fue una de las principales promesas de Bachelet cuando ganó la presidencia (por segundo mandato no consecutivo) con un 62% de los votos, en 2013. A pesar del alto apoyo popular a un reemplazo constitucional en Chile, argumentamos que el reciente proceso constituyente de Bachelet fracasó. Su innovador y complejo proceso constituyente, que buscaba canalizar la demanda de una nueva constitución, terminó desmovilizándola y excluyendo a los partidos políticos. Sin un papel activo de los partidos políticos, una retórica “ascendente” para la participación pública no es suficiente para lograr un cambio constitucional serio. Aunque afirmamos que la demanda de una nueva Constitución no es irrelevante en Chile, se ha visto perjudicada y debilitada.
En enero de 2017, los expertos entregaron a la presidenta sus informes finales con la sistematización de todos los cabildos y encuentros; y en mayo de 2017, Bachelet recibió el informe final de la consulta indígena. Entre mayo de 2017 y marzo de 2018, a puerta cerrada, Bachelet redactó un proyecto de ley que supuestamente incluía los resultados de las etapas participativas del proceso. La presidenta justificó su proyecto de ley en un llamado directo a la ciudadanía. Si bien el texto enviado al Congreso mantiene textualmente gran parte de la actual Constitución, también introduce importantes modificaciones, como: ampliar el período presidencial de cuatro a seis años; incorporar nuevos derechos (por ejemplo, los derechos de los niños y la vivienda); perfeccionar derechos ya reconocidos (por ejemplo, el derecho de reunión); la concesión de reconocimiento a los pueblos indígenas; la reducción de los requisitos de supermayoría para leyes especiales y para futuras enmiendas constitucionales; el establecimiento de la posibilidad de una convención constitucional para la sustitución total de la Constitución; la introducción de un nuevo recurso judicial para proteger los derechos constitucionales, y la reforma de las competencias del Tribunal Constitucional, al tiempo que se introducen nuevos mecanismos de nombramiento de sus jueces, entre otros cambios propuestos.
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Este mes, Javiera López ha pasado horas en las calles de Lo Espejo, el suburbio de Santiago donde su familia ha vivido durante 60 años, ayudando a coordinar el lado “Aprobado” de la campaña del referéndum. Este es el “otro Chile”, como lo llaman”, dice, hablando por teléfono en un descanso de la campaña. Uno de cada cinco habitantes de Lo Espejo vive en la pobreza y la zona sufre altos índices de desnutrición infantil y hacinamiento en las viviendas.
Para Sharp, el alcalde de Valparaíso, este año ha sido una reivindicación del movimiento político al que pertenece. La “nueva izquierda” surgió de una serie de protestas estudiantiles a mediados de la década de 2000 y principios de 2010 que desafiaban la desigualdad en el acceso a la educación, y se expandió para abordar la amplitud del modelo chileno. Sharp dice que se presentó al cargo en 2016 para cambiar la “política osificada” de Chile y durante su mandato ha defendido la toma de decisiones “desde abajo”. “Cuando empezaron las protestas, fue como un volcán bajo los pies de muchos políticos. Es un llamado a salir de esa política, que durante años sólo se representó a sí misma. Es una demanda de participación y de que el pueblo esté en el centro”.
El 4 de julio de 2021 comenzó la “inesperada” Convención Constituyente de Chile, tras una revolución civil de base contra el actual régimen desde 2019. El codirector de la Sección de Diálogo Interregional Stefano Palestini Céspedes (Universidad Católica de Chile) entrevista a Julieta Suárez-Cao (Universidad Católica de Chile) y a Patricia Politzer (Periodista y miembro de la Asamblea Constituyente de Chile) para hablar de su papel en este proceso.
En una coyuntura global en la que la erosión de la democracia es la tendencia, el proceso constitucional en Chile se destaca como una rara oportunidad para el cambio político radical y la democratización. Una convención constituyente compuesta a partes iguales por mujeres y hombres, incluidos representantes de los pueblos indígenas, iniciará el proceso de redacción de una nueva constitución que sustituirá a la de 1980 redactada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Hay mucho en juego: el nuevo texto constitucional será redactado por chilenos, elegidos directamente por sus conciudadanos, y el proceso nace de una revuelta civil desencadenada en 2019 en la que los ciudadanos cuestionaron radicalmente el orden político e institucional existente. Además, la mayoría de los miembros elegidos de la convención constituyente abogan por un alejamiento radical del modelo neoliberal diseñado por los “Chicago boys” y consagrado en la “Constitución de Pinochet”.
