La junta y el sector agrario andaluz firman una declaración institucional sobre el futuro de la PAC

La Junta de Andalucía y representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias andaluzas firmaron ayer una declaración institucional que recoge la “posición común” de Andalucía sobre el futuro de la política agrícola común, teniendo en cuenta la preocupación común del sector por la Impacto del nuevo rumbo de la PAC en el campo andaluz.
Este documento, nacido del “consenso y la unidad”, fue elaborado dentro de la Mesa de Interlocución Agraria que lleva a cabo la telemática, bajo la presidencia del Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo sostenible, Carmen Crespo, y que forman parte de las cooperativas Asaja, COAG, UPA y agroalimentarias.
Con la firma de esta ‘Declaración Institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC’, la Junta Directiva y el sector quieren dejar clara su ‘defensa sin fisuras’ del modelo agroalimentario andaluz en estos momentos ‘decisivos’ para el diseño. de la futura PAC a nivel europeo y español, subrayando la extraordinaria relevancia económica, social y medioambiental de la agricultura andaluza.
En este sentido, el Ministro subrayó la “unidad” de todo el sector para la defensa de un sistema agroalimentario que se distingue por su sostenibilidad social y ambiental, por la calidad de sus productos muy apreciada en los mercados. más exigente, y por su contribución fundamental al desarrollo de las zonas rurales evitando la despoblación.
“Este debe ser el semestre de la PAC en Andalucía, el semestre en el que todos colaboremos, por unidad y lealtad, en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces ante propuestas que claramente perjudican a Andalucía”, ha añadido. afirmó, antes de subrayar que “no se puede exigir más al sector reduciendo presupuestos”.
Asimismo, Crespo indicó que “es, sin duda, un gesto preciso que no busca confrontar, sino demostrar el buen hacer de la campaña andaluza y cómo aprovechó cada centavo de la PAC para crecer y evolucionar “. “Ya no podemos perder el tiempo, hay que luchar por la PAC que merecen los agricultores y ganaderos andaluces”, ha subrayado, antes de volver a pedir un encuentro bilateral con el ministerio.
Los representantes de Asaja, COAG, UPA y las cooperativas agroalimentarias coincidieron al recordar que la declaración institucional adoptada hoy en la mesa de interlocución con el consejo “tiene como objetivo trasladar la unidad de la campaña andaluza de un discurso pedagógico y sereno “sobre el futuro de la PAC, además de presentar una posición común sobre temas que preocupan a todos, como las consecuencias de una reducción de las regiones productivas y la eliminación de derechos o la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión del mercado y controlar la importación de productos de terceros países.
Declaración institucional
Entre las demandas incluidas en la declaración institucional se encuentran diversas medidas relacionadas con los mecanismos de mercado, uno de los instrumentos de la PAC que requiere cambios más profundos. Andalucía destaca la necesidad de tener en cuenta las acciones definidas en la OCM única, que contribuyan a garantizar el buen funcionamiento de los mercados agrícolas y que los productores reciban una remuneración adecuada por su producto y su trabajo.
En cuanto a las ayudas directas, el sector agroalimentario y la administración andaluza rechazan la introducción de criterios de exclusión de agricultores y ganaderos multiactivos que, a pesar del ejercicio de otras actividades económicas, el trabajo en el campo es un complemento a sus ingresos. Y en cuanto al modelo autonómico, tanto el gobierno como el sector de esta Comunidad Autónoma defienden su mantenimiento porque cualquier cambio de criterio podría conllevar importantes redistribuciones de ayudas entre sectores y territorios.
Asimismo, la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía se ha pronunciado en contra de la abolición de los derechos de la PAC, sabiendo que podría conllevar un aumento significativo de la superficie con ayudas que llevarían a una dilución del nivel de las subvenciones para los beneficiarios actuales. Además, la reserva de estos derechos permite su libre concesión a colectivos como los jóvenes agricultores, que perderían esta ventaja competitiva si desaparecieran.

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