El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya ha ordenado un traslado urgente a Andalucía de 62,24 millones de euros correspondiente al alquiler en 2020 del plan nacional de vivienda 2018-2021, al que se agregan 17.1 millones adicionales del RD 11/2020 para los afectados por la crisis COVID-19.
La delegada del gobierno andaluz, Sandra García, indicó que “gracias al avance, el gobierno andaluz tendrá un total de 79,34 millones de euros para participar en estas líneas de ayuda, que envía un Mensaje de seguridad del gobierno en un contexto de incertidumbre en la vivienda ”.
García destacó que “desde el comienzo de la pandemia, el ejecutivo español ha trabajado para la aprobación de un conjunto de medidas que ofrecen protección especial del derecho a la vivienda y que protegen tanto al inquilino que permanece en una situación”. vulnerable y el propietario que también puede superar el impacto de esta crisis ”.
“El objetivo de los fondos es preservar el ingreso disponible de los hogares, ya sean inquilinos o propietarios, para asegurar a los ciudadanos y acelerar la concesión de ayuda”, agrega.
Además de hacer que la gestión del plan de vivienda sea más flexible, el gobierno ha simplificado los procedimientos, ha avanzado las transferencias a las comunidades autónomas y ha creado un nuevo programa de asistencia para víctimas de violencia de género; y medidas articuladas para aumentar el stock de viviendas sociales.
Con el avance de estos montos, el ministerio tiene la intención de proporcionar a Andalucía los fondos necesarios para ayudar en la suspensión del procedimiento de desalojo y los lanzamientos para hogares vulnerables sin vivienda alternativa, la extensión extraordinaria de los arrendamientos de la residencia habitual , la moratoria de la deuda hipotecaria en ciertos casos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales del arrendamiento.
Asimismo, permite activar una línea de garantías para que el Estado cubra el financiamiento de los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad social y económica, debido a la expansión de COVID-19.
Como parte del plan nacional de vivienda, el ministerio planea transferir un total de 346 millones de euros a las comunidades autónomas durante el año fiscal 2020, una cantidad recaudada en los acuerdos de colaboración firmados con cada uno de ellos en 2018.

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