Asaja Córdoba presenta acusaciones sobre el proyecto de norma de calidad para el aceite de oliva

Asaja Córdoba presentó acusaciones al proyecto de Real Decreto sobre el estándar de calidad para el aceite de oliva y los residuos de aceituna, ya que, entre otras cosas, incorpora la definición de cosechadora, a la luz de lo cual la organización agraria propone reemplazarlo por el de agricultor en el sentido de “persona física o jurídica, propietaria de una granja de olivos, que produce aceitunas”.
En una declaración, Asaja argumenta que el texto ahora contempla el término cosechador como “la persona física o jurídica que produce aceite de oliva virgen obtenido al triturar las aceitunas de su propiedad en una almazara que brinda servicios de moler “. Sin embargo, para Asaja, esta definición puede tener consecuencias impositivas preocupantes para los agricultores, ya que puede conducir a su expulsión del sistema especial de IVA para la agricultura y, en muchos casos, a la expulsión del sistema de módulos.
En consecuencia, la organización agraria indica que “debe modificarse para que quede claro que lo que se ha llamado cosechador debe llamarse agricultor, que es la persona física o jurídica, propietario de un olivar, que produce Olivos “.
Por otro lado, en la sección sobre prácticas prohibidas, está prohibida la comercialización de aceites de oliva virgen extra destinados a consumidores finales en envases de plástico, con la excepción de los suministrados en envases de dosis única. En vista de esto, Asaja cree que “el sector está pasando por una grave crisis de rentabilidad y esta medida conduciría a un mayor costo de producción que reduciría los precios por cobrar de los agricultores por tres razones”.
Primero, se requeriría una inversión significativa de las cooperativas y las almazaras privadas que las condicionan, “lo que significaría un precio más bajo para los agricultores, que son los que terminarían pagando por estas inversiones”. En segundo lugar, habría un aumento en el precio del producto, ya que no hay alternativa para materiales que sean económicamente similares al plástico. Y tercero, la prohibición hace que la categoría virgen extra sea menos competitiva en comparación con otros aceites, sean o no aceitunas.
Todo esto, explica el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, “podría provocar un mayor resentimiento por el consumo de aceite de oliva virgen extra en el mercado interno, causando el efecto contrario”. Por lo tanto, agrega que “este no es el momento de implementar esta medida que, en cualquier caso, siempre debe ser recomendada y voluntaria”.
Además, desde un punto de vista ambiental y según los datos de AICA, solo el 30% de los aceites de oliva virgen extra producidos se venden empacados, por lo que la medida no tiene impacto ambiental.
Finalmente, Asaja también considera que debe aclararse que esta regla también se aplica al petróleo importado a España, ya sea de mercados europeos o de terceros países, y cuyo destino final es la exportación, envasado o en grandes cantidades. .
El punto es que el texto especifica que es aplicable a todos los aceites de oliva y orujo de oliva producidos y comercializados en España, sin perjuicio de las disposiciones de la cláusula de reconocimiento mutuo. Y también se aplica a los operadores que producen o comercializan aceites de oliva y aceites de orujo de oliva en España.
En este sentido, la organización agraria considera que debe agregarse “que se aplica a todos los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva que ingresan a España a través de mercados intracomunitarios o de terceros países y cuyos el destino de comercialización es para exportación “.

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