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Hasta cuando se puede estar en erte
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Ayer, 29 de septiembre de 2021, entró en vigor el Real Decreto-Ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Las principales medidas adoptadas son:PRÓRROGA DEL ERTE EN VIGOR HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022El RDL establece la prórroga de los ERTEs en vigor a 30 de septiembre de 2021 en base a los artículos 1 y 2 del Real Decreto-Ley 11/2021 de 27 de mayo y en base al artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo hasta el 28 de febrero de 2022.
Antes del 30 de junio de 2022 (plazo máximo para la ejecución de las acciones formativas), la SSGT comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal (“SPEE”) la relación de trabajadores a los que se han aplicado las exenciones y el SPEE verificará la ejecución de las acciones formativas. En caso de desviaciones, la SSGT lo comunicará a la Inspección de Trabajo para que inicie las actuaciones sancionadoras y la liquidación de las cuotas correspondientes.INCENTIVOS A LA FORMACIÓNEntre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, las empresas del ERTE que formen a trabajadores afectados por el ERTE tendrán derecho a un incremento del crédito para la financiación de las acciones formativas, en función de su tamaño:
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El nuevo Real Decreto-Ley prorroga la aplicación de las medidas de flexibilidad que se vienen adoptando desde el inicio de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, así como las medidas extraordinarias de exención de cotización a la Seguridad Social para las empresas. También se prorrogan las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de los trabajadores previstas en el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, finalmente, se prorrogan todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando los despidos y la destrucción de puestos de trabajo.
Las medidas extraordinarias contenidas en el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativas a las extinciones y despidos, a la interrupción del cómputo de los contratos temporales, a la salvaguarda del empleo, así como los límites relativos al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal y al uso de horas extraordinarias y nuevas subcontrataciones, seguirán vigentes.
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Las reducciones de los tipos de cotización a la Seguridad Social que se aplicarán a estos ERTE, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2021, se determinan en función del número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social. Si a 29 de febrero de 2020 había menos de 50 trabajadores, o asimilados*, inscritos en la Seguridad Social, la cotización de la empresa se reduce en un 100 %. Si hay 50 o más, se aplica una reducción del 90 %.
Las empresas a las que ya se les ha concedido el ERTE pueden pasar de la situación de impedimento a la de limitación, o viceversa, sin tener que presentar un procedimiento diferente (sin perjuicio de la exigencia de cumplir determinadas obligaciones de notificación). En todo momento se aplican los porcentajes de reducción correspondientes, en función del carácter impeditivo o limitativo de la situación de la empresa.
Las empresas deben incorporar de forma efectiva a los trabajadores con contratos fijos discontinuos y a los que realicen trabajos fijos y periódicos de forma reiterada en determinadas fechas del periodo teórico de llamamiento, entendiendo por tal el periodo de trabajo efectivamente realizado entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019. En el caso de que las restricciones impidan a los trabajadores con contrato fijo discontinuo realizar un trabajo efectivo durante el periodo de llamamiento, se les computará en el ERTE. La prestación extraordinaria por desempleo se aplicará en los siguientes casos: (i) cuando el periodo de llamamiento no esté comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2021; (ii) durante las interrupciones ordinarias de la actividad empresarial cuando haya retorno efectivo; y (iii) en el resto de situaciones que afecten a los trabajadores con contrato fijo discontinuo o periódico.
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Financiación: Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad y FEDER, subvención número ECO2017-86305-C4-3-R y el grupo de investigación CREVALOR, financiado por el Gobierno de Aragón. Los financiadores no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio, la recogida y el análisis de datos, la decisión de publicar o la preparación del manuscrito.
Este trabajo se centra en uno de los programas de ayuda pública más comúnmente adoptados en los países: compensar a las empresas por los costes laborales de mantener a los empleados temporalmente empleados, aunque inactivos (es decir, los empleados suspendidos). En España, este programa se denominó ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y estaba abierto a cualquier empresa, incluidos los autónomos, que pudiera demostrar una disminución de sus ingresos por razones directa o indirectamente relacionadas con la pandemia. En el periodo de dos semanas de finales de abril y principios de mayo, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) puso en marcha una encuesta a distancia, no presencial y anónima, para obtener información fresca y puntual sobre cómo la pandemia estaba afectando a la actividad y a las perspectivas de venta de las empresas de la región, sobre cómo habían respondido las empresas al impacto de la pandemia y sobre si habían solicitado o no las ayudas del ERTE. La autoselección de los encuestados, sin garantía de representación previa, y con empresas que respondían sobre perspectivas e intenciones, no sobre decisiones reales, fue el precio que se pagó por la puntualidad de los datos recogidos, cuando las estadísticas oficiales sólo llegarían con meses de retraso. Se ha informado de otras iniciativas de recogida de datos de empresas, similares a los datos de la encuesta realizada para esta investigación [2-5].