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CALLEJERO
El fiscal acusará a tres mandos militares por falsedad documental en la identificación de los cadáveres del Yak
22-05-2008 19:34:59 La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusará por un delito de falsedad documental a los tres mandos militares imputados en la causa que investiga la identificación errónea de 30 de los 62 fallecidos en el accidente del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), según explicaron hoy fuentes del Ministerio Público. El escrito de calificación que prepara el teniente fiscal, Fernando Burgos, irá dirigido contra el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Grande-Marlaska acordó el pasado 29 de abril la reapertura de la causa “por mandato de la superioridad” apenas unas horas después de que la Sala de lo Penal le obligara a adoptar esta medida. De la misma forma, dio a las partes un plazo de 10 días ampliado posteriormente a 15, que finaliza el próximo miércoles, para que presentaran sus escritos de acusación y solicitaran la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. En la vista de apelación, que se celebró el pasado 15 de abril, Burgos solicitó la reapertura de la causa, archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007, al entender que los mandos militares incurrieron en “dolo falsario” porque realizaron las identificaciones de forma “arbitraria” y a sabiendas de que eran “incorrectas”. El escrito de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, mayoritaria entre los allegados a las víctimas, también estará dirigido contra los tres mandos militares por “un delito de falsedad documental con imprudencia grave y dolo eventual”, según explicó a Europa Press el abogado de este colectivo, Leopoldo Gay. De la causa está excluido el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que fue imputado por la representación legal de los familiares de las víctimas pero no por el fiscal ni por el juez. Beltrán dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos. DECISIÓN DEL SUPREMO Por lo que se refiere a la otra causa que se tramita por el accidente del Yak-42, la referida a las posibles irregularidades en la contratación del aparato, el próximo lunes está previsto que el Tribunal Supremo debata sobre la posibilidad de imputar en esta causa al ex ministro de Defensa y actualmente diputado del PP Federico Trillo, lo que ha sido solicitado por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe. La decisión debe adoptarse por la denominada Sala de Admisiones de lo Penal del Tribunal, integrada por los magistrados Manuel Marchena, Enrique Bacigalupo y Juan Saavedra, que es el presidente de la Sala Segunda de este órgano. Los magistrados ya han iniciado la discusión y según fuentes jurídicas volverán a reunirse el próximo lunes para tratar la cuestión, que les fue puesta encima de la mesa por iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, instructor de las dos causas por el accidente del Yak- 42, dada la condición de aforado de Trillo. En un auto hecho público ayer, Grande-Marlaska dio traslado Saavedra del escrito de la asociación de familiares, que solicita la imputación del ex ministro por los delitos de comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte, malversación de caudales públicos y falsedad documental, “dado el carácter notorio” de Trillo como “diputado al Congreso”. El magistrado, que traslada el caso al Supremo “sin realizar juicio jurídico alguno”, justifica la “urgencia” en la remisión de su escrito argumentando que “el próximo 26 de mayo se cumplen cinco años desde la materialización de los hechos”, en referencia al accidente, lo que podría suponer la prescripción de la responsabilidad del aforado. Teniendo en cuenta la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, según las mismas fuentes, es probable que la imputación de Trillo se rechace ante la inexistencia en el auto de Grande-Marlaska de una “exposición razonada” (explicación por las que el instructor cree que pueden existir indicios de criminalidad contra el aforado).
