Cartas contra la humanidad venezuela

Misión de investigación venezuela

“Respetamos su decisión como Estado, aunque hemos dejado claro que no la compartimos”, dijo. “Hemos firmado un acuerdo que sí garantiza, de manera efectiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo, el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia”.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo el miércoles por la noche que la “decisión -la primera en la historia de América Latina- da esperanza de justicia a los cientos de víctimas de la brutal represión del régimen de Maduro”.

La CPI lleva a cabo un examen preliminar sobre el país desde 2018, y la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que había una “base razonable” para creer que el gobierno había cometido crímenes de lesa humanidad.

Durante la visita de tres días de Khan a la nación sudamericana, que comenzó el domingo, pequeños grupos de familiares de las víctimas de presuntos abusos de derechos realizaron protestas callejeras exigiendo una audiencia con Khan.

El fiscal de la CPI alabó el “diálogo constructivo” que mantuvo tras las reuniones con Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el fiscal general Tarek William Saab y representantes del Tribunal Supremo.

Significado de la misión de investigación

En el contexto del deterioro de las instituciones democráticas, la impunidad y la corrupción que han provocado una crisis humanitaria, las autoridades venezolanas reprimen violentamente las protestas mediante la violación sistemática de los derechos humanos . . .

Mientras el presidente Nicolás Maduro sigue afianzando su control del poder y se niega a celebrar elecciones libres y justas en Venezuela, los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos han cobrado fuerza en el ámbito internacional.

Con una economía que se derrumba, la violencia que aumenta y millones de personas que intentan huir a los países vecinos, la situación en Venezuela se ha vuelto más difícil cada día. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Maduro no sólo ha sido inadecuada para hacer frente a las crisis, sino que ha sido significativamente hostil hacia aquellos que se manifiestan y exigen un cambio.

Restringir el acceso a la información ha sido una estrategia clave del gobierno para mantener el poder. La erosión de la infraestructura de Internet, las estrictas regulaciones a los proveedores y la intimidación a los periodistas y a las personas que comparten información en línea que se considera contraria al partido gobernante, son tácticas empleadas por el régimen, así como las fuertes actividades de vigilancia pública que dan lugar a la persecución judicial de los usuarios. El gobierno tiene el monopolio de los medios de comunicación oficiales (radio y televisión).

Wikipedia

Esta decisión da esperanza a las víctimas de los graves crímenes ocurridos en Venezuela, que llevan muchos años luchando por la justicia. La apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la CPI ofrece la posibilidad de un examen imparcial e independiente de los casos de crímenes de lesa humanidad que, hasta ahora, ha estado fuera del alcance de la mayoría de los afectados por estos crímenes.

La Fiscalía de la CPI inició el 8 de febrero de 2018 un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, con el objetivo de analizar los crímenes presuntamente cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar ese año. En diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, como detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y/u otras formas de violencia sexual y persecución, por parte de autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales.

Informe de la cci venezuela

(Washington, DC) – La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación en Venezuela ofrece una vía de justicia para las víctimas de las atrocidades del gobierno de Nicolás Maduro. El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la CPI Karim Khan anunció su decisión durante una visita al país.

La situación en Venezuela, país miembro de la CPI, ha sido objeto de un examen preliminar por parte de la Fiscalía desde febrero de 2018. En septiembre de 2018, seis países miembros de la CPI pidieron al fiscal que investigara posibles crímenes en Venezuela. Era la primera vez que los países pedían conjuntamente a la fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro país miembro de la CPI. Esta vía de remisión estatal permite al fiscal actuar para abrir una investigación sin pedir primero la aprobación de los jueces de la CPI.

“La primera investigación de la CPI en las Américas se produce a raíz de la extrema represión que el gobierno de Maduro ha infligido al pueblo venezolano”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El fiscal de la CPI tiene el mandato de hacer que los máximos responsables de los crímenes internacionales más graves rindan cuentas, por lo que esta decisión debería ser una poderosa llamada de atención no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que estaba sucediendo y no actuaron.”