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Resumen: Las políticas de inclusión implican programas y servicios de distinto tipo y naturaleza. Esta diversidad ha sido un obstáculo para analizar de forma comparativa estas acciones, no sólo en España sino también en Europa. La crisis económica y de empleo muestra la ineficacia de muchas de estas políticas. Este artículo presenta nuevos enfoques que buscan adaptar estas acciones y que son clave para su eficacia. Para ello, se tomarán como caso de estudio cinco comunidades autónomas de España. Los resultados presentados forman parte del proyecto INCLUSIVE (CSO2014-51901-P) financiado por el MINECO.
El último informe de FOESSA (2018) alertaba de la pérdida de cohesión social en España. Incluso en la fase de recuperación económica, 4,1 millones de personas se encuentran en situación de exclusión severa, cantidad que aumentó en 1,2 millones desde 2007. Estas cifras son consecuencia de las altas tasas de desempleo y del empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares españoles. En la primera fase de la crisis, los procesos de exclusión estaban motivados por el paro, la falta de empleo estable o el alto coste de la vivienda. Sin embargo, surgieron otros problemas como la pérdida de salud física y mental o el deterioro de las relaciones sociales. Todo indica que estas situaciones reducen las posibilidades de acceder a un empleo y superar la exclusión, haciendo necesarios procesos de inclusión más largos y costosos (Martínez Virto, 2014).
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Actualización 14.9.2020 El Ministerio de Inclusión trabaja para agilizar los trámites del Ingreso Mínimo Vital. Con 3 nuevas medidas: 1⃣Ampliación del periodo de retroactividad. Quienes soliciten la prestación hasta el 31 de diciembre y les sea concedida, la cobrarán con efectos económicos retroactivos desde el 1 de julio. El límite anterior era el 15 de septiembre. 2⃣Extensión del plazo de respuesta. El plazo de resolución se amplía a 3 meses para que ninguna persona se preocupe de que su solicitud pueda ser desestimada por silencio administrativo. Quienes presenten la solicitud verán su expediente tramitado. 3⃣Registro en el SEPE a posteriori. El requisito de estar inscrito en las listas de los Servicios Públicos de Empleo se convierte en una obligación a posteriori de la solicitud.
Actualización 5.6.2020 El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha puesto en marcha una línea telefónica gratuita para atender las consultas de los ciudadanos sobre el Ingreso Mínimo Vital. El número de teléfono, 900 20 22 22, ya está operativo. Su horario de atención es de 9:00 a 14:30 horas.
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El Ingreso Mínimo de Inserción (RMI) es una forma de asistencia social francesa. Se dirige a las personas sin ingresos que están en edad de trabajar pero que no tienen ningún otro derecho a las prestaciones de desempleo (como las prestaciones de desempleo contributivas). Fue creado en 1988 por Jean-Michel Belorgey, por el gobierno de Michel Rocard (Partido Socialista), y tenía como objetivo ayudar a las personas que tenían más problemas para encontrar trabajo.
En 2004, el gobierno de Jean-Pierre Raffarin creó el Revenu minimum d’activité (RMA), destinado a sustituir al RMI. El RMA impone a los demandantes la obligación de encontrar trabajo de forma mucho más estricta.
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La renta básica universal (RBU) se debate en muchos países. Este artículo resume los debates nacionales y regionales en los que tiene lugar, y es un complemento del artículo principal sobre el tema: la renta básica universal.
De enero de 2008 a diciembre de 2009, se llevó a cabo un proyecto piloto de subvención de renta básica en los pueblos namibios de Otjievero y Omitara. El proyecto fue organizado por la Coalición de Subvención de Renta Básica de Namibia[1][2] y fue financiado principalmente por una iglesia protestante alemana, por contribuciones individuales de ciudadanos alemanes y namibios y por contribuciones del Ministerio de Cooperación alemán. La cantidad pagada por cabeza era de 100 dólares namibios (el 8% de la renta media, unos 12 dólares).
Tras su puesta en marcha, se comprobó que el proyecto había reducido significativamente la desnutrición infantil y aumentado la asistencia a la escuela. También se comprobó que había aumentado los ingresos de la comunidad significativamente por encima de la cantidad real de las subvenciones, ya que permitía a los ciudadanos participar en actividades económicas más productivas[3][4] El equipo del proyecto declaró que este aumento de la actividad económica contradice las afirmaciones de los críticos de que una renta básica conduciría a la pereza y la dependencia[5] Tras la conclusión de la fase del proyecto piloto, se pagó regularmente una asignación puente mensual de 80 N$ (unos 10 US$) a todos los que participaron en el proyecto piloto hasta marzo de 2012[5].
