La brecha abierta en el cogobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Baena a causa del debate en sesión plenaria sobre los sueldos y liberaciones de los concejales, que terminó con el voto de Ciudadanos en contra de la propuesta del PP, pone en tela de juicio la continuidad de este pacto, algo que ha generado una gran incertidumbre entre la población baenense.
La inestabilidad del equipo de gobierno hace pensar que pueda tener poca durabilidad en el tiempo, máxime cuando en el Pleno se pudo sentir a través de diferentes grupos la posibilidad de que pueda llevarse a cabo una moción de censura. Tras dejar reposar el intenso y crispado debate, el primer teniente de alcalde, Ramón Martín, de Ciudadanos, apenas expresó ayer que lo primero que van a hacer es “reunir al grupo”.
De otro lado, la alcaldesa, Cristina Piernagorda (PP), aunque tildó de “muy grave” lo ocurrido en la sesión plenaria, aseguró que “hasta este preciso momento todo sigue igual y el pacto continúa, pero tenemos que sentarnos, hablar y ver que vamos a hacer en un futuro porque estamos ante una nueva situación”.
Concretamente, Ciudadanos votó junto a PSOE e Iporba, en contra de una propuesta de la Alcaldía que pasaba porque el equipo de gobierno cobrara un total de 112.000 euros anuales, lo que según Piernagorda supondría “un 47% menos respecto al del PSOE en los últimos doce años”. Asimismo, la alcaldesa cobraría 35.000 euros brutos al año y el primer teniente de alcalde, Ramón Martín (Cs), no estaría liberado como inicialmente había propuesto él mismo.
De igual forma, el tercer teniente de alcalde cobraría 28.000 euros y estaría liberado, mientras que el segundo teniente de alcalde tendría dedicación parcial al 80% con unas retribuciones brutas anuales de 28.000; la concejala Servicios Sociales, Economía y Hacienda también tendría dedicación parcial al 80% con 21.000 euros anuales. Al no aprobarse ayer esta propuesta de retribuciones, el equipo de gobierno continúa sin cobrar desde que se constituyera la nueva corporación, con el agravante de que no es posible la retroactividad.
FUENTE: Sara Núñez / El Día de Córdoba