El Gobierno pagó en octubre 6,6 millones de euros a los cerca de 9.000 trabajadores cordobeses que permanecen en ERTE – Baena Televisión

El Servicio Público de Empleo del Estado (SEPE) abonó un total de 6,6 millones de euros en la provincia de Córdoba correspondientes a la nómina de octubre de 8.812 trabajadores afectados por los expedientes de normativa laboral temporales (ERTE) aprobados para sus empresas, lo que refleja un descenso de casi el 70% de los registrados en abril, cuando 27.442 trabajadores estaban cubiertos por este tipo de servicios, que alcanzaron los 26,88 millones de euros en Córdoba. En total, el mayor número de trabajadores de ERTE se produjo en mayo, con 41.844 personas. Ese mes, la nómina pagada por la SEPE alcanzó los 39,56 millones de euros.
La diputada delegada del gobierno español en Córdoba, Rafaela Valenzuela, recordó que, de momento, la fecha fijada para el final de estas prórrogas es el 31 de enero y que será entonces cuando el gobierno estudie “dónde estamos y qué somos”. son previsiones de futuro para reactivar la economía ”. “El compromiso con las familias y los trabajadores es total y la intención es que nadie se quede atrás hasta que se normalice esta situación temporal”, dijo.
El 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto de medidas sociales en defensa del empleo por el que se prorrogan los beneficios de la ERTE hasta el siguiente 31 de enero de 2021, tras haber llegado a un acuerdo en esta materia con agentes sociales. A partir de ahora, la base para el cálculo de los beneficios se mantiene en el 70% de la base regulatoria del trabajador, que no verá bajar sus ingresos al 50% de la base regulatoria después del vencimiento de los primeros seis meses, como sucedió hasta Ahora.
También se mantienen aspectos existentes, como el hecho de que las empresas adscritas a ERTE no puedan realizar horas extraordinarias, establecer una nueva subcontratación de la actividad u organizar nuevas contrataciones directas o indirectas, salvo por motivos de formación o otras causas objetivas y justificadas. Asimismo, sigue vigente la prohibición de disparar.
Estas medidas forman parte del tercer convenio social para la defensa del empleo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y representantes de los sindicatos. CCOO y UGT y representantes de las organizaciones profesionales CEOE y CEPYME.

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