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En la tierra que dio al mundo la primera novela moderna, El Quijote, la lengua de su creador, Miguel de Cervantes, está amenazada. Así lo sostienen los defensores del bilingüismo y los políticos conservadores, que creen que una nueva ley de educación erosionará la garantía constitucional de enseñar el español, también conocido como castellano, en las escuelas.
Esto significa que en regiones como Cataluña, el País Vasco o Galicia, las autoridades educativas deben seguir enseñando el español, pero no tiene que ser la primera lengua, sino que puede enseñarse como asignatura secundaria.
El general Francisco Franco prohibió las lenguas regionales durante cuatro décadas. Tras su muerte en 1975 y la instauración de la democracia, las regiones obtuvieron el poder de decidir qué lenguas se enseñaban en las aulas.
Cataluña, que durante casi 40 años ha estado dirigida por gobiernos regionales nacionalistas, se embarcó en una política de inmersión lingüística con el catalán como lengua principal en las escuelas públicas. El español se enseña sólo dos horas a la semana.
Los activistas que defienden el derecho a aprender en español acusan al gobierno de coalición de izquierdas de abolir las últimas garantías de educación en la que ha sido la lengua dominante de España durante siglos.
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En las 108.000 reseñas escritas por los estudiantes, las experiencias de estudio se califican de uno a cinco valorando su satisfacción en: satisfacción general, interacciones entre estudiantes y profesores, proceso de admisión, diversidad de estudiantes, calidad de la vida estudiantil y desarrollo de la carrera.
Estudiantes de más de 200 nacionalidades diferentes evalúan las instituciones de enseñanza superior de 121 países, y las mejores instituciones son reconocidas en los Premios Mundiales de Satisfacción de los Estudiantes, “algo más que una ceremonia de entrega de premios”, añadió van Rest.
“Es un movimiento para situar a los estudiantes en el centro del sector de la enseñanza superior. Como todos los buenos movimientos sociales, éste está alterando el statu quo. Se trata de un cambio radical, que debería haberse producido hace tiempo y que sitúa la experiencia de los estudiantes en el centro de las universidades”.
Para Sussex, el premio es “un reconocimiento rotundo del estatus de la universidad como líder mundial en internacionalización y diversidad”, dijo Richard Follett, vicerrector adjunto y vicepresidente asociado (Internacional).
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El caso, relativo a Rubén, un niño con síndrome de Down, fue presentado ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2017 por el niño y su padre. Las autoridades españolas enviaron a Rubén a un centro de educación especial, a pesar de las objeciones de sus padres.
También se alegó que Rubén fue maltratado y abusado por su profesor. Las autoridades también presentaron cargos penales contra los padres de Rubén, por su negativa a enviarlo a un centro educativo especializado.
En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité concluyó que España no evaluó las necesidades específicas del niño ni adoptó medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria.
“No parece que las autoridades del Estado parte hayan llevado a cabo una evaluación exhaustiva o un estudio profundo y detallado de sus necesidades educativas y de los ajustes razonables que habría requerido para poder seguir asistiendo a una escuela ordinaria”, dijo el lunes Markus Schefer, uno de los 18 miembros independientes del Comité, en un comunicado de prensa.
