Según informó ayer el diario ABC, hace una semana el sindicato Ustea hizo público que los padres de un alumno de segundo curso de la ESO del instituto Luis Carrillo de Sotomayor de Baena habían denunciado al profesorado de dicho centro ante el Juzgado al estar en desacuerdo con la participación de su hijo en una actividad realizada con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista (25 de noviembre). El revuelo fue mayúsculo y provocó el posicionamiento de todas las fuerzas políticas y la Junta de Andalucía. Todas, salvo Vox, que defendió a los padres, se mostraron en disconformidad con los hechos.
Para colmo de males, por esos días uno de los docentes acudió a declarar al Juzgado de Primera Instancia de Baena donde se sigue, presuntamente, el caso. Los compañeros del profesor llegaron a leer un manifiesto en su defensa a las puertas del centro. No hay rastro de los padres ni más detalles sobre el caso que levanta el lógico debate en torno al uso del tema en las aulas y la autorización parental para determinados aspectos curriculares.
Sin embargo, el paso de los días acrecienta una serie de dudas en torno a este asunto, del que el propio sindicato Ustea no ofrece más datos. ABC ha podido confirmar con varias fuentes judiciales y la Delegación territorial de Educación que no hay constancia de denuncia alguna contra el centro ni el profesorado del mismo por los progenitores. A pesar de ello, nadie ha querido aclararlo en estos días.
«Sólo tenemos constancia de una citación genérica al profesorado por parte del Juzgado sobre aquellos que participaron en la actividad sobre el 25-N [la proyección de un video sobre Ana Orantes, la mujer asesinada por su marido hace justo 22 años], y por descarte, sólo fue a declarar uno de ellos que estaba ese día en clase y puso el video». Esta es la versión de Educación ratificada por fuentes judiciales.
El giro de los hechos no queda ahí. Varias fuentes próximas al caso describen a ABC otra secuencia bien distinta. Tras proyectarse en clase de segundo curso de la ESO el video de Ana Orantes, una alumna podría haber hecho una revelación determinante: ella está viviendo en su casa esa situación. Este detalle no está confirmado.
Lo que sí se produce ese mismo día es una denuncia ante la Guardia Civil de Baena por un presunto caso de maltrato que atañe al padre de esta alumna. El progenitor es detenido y puesto en libertad y se abre una investigación judicial en la misma instancia baenense para determinar sin son ciertos los hechos denunciados. Esta causa es la que interesa la citación al profesorado, y por la que el docente que ese día estaba en el aula acudió el pasado miércoles a prestar declaración en calidad de testigo.
Cuando se le trasladan estas circunstancias al secretario de Organización de Ustea en Córdoba, Miguel Ángel González, la reacción es de absoluta «sorpresa». González admite a este periódico que no conocía el contenido de la famosa denuncia -que fuentes judiciales desmienten- y que lo ocurrido llega a la central «porque un profesor se lo contó a un compañero del sindicato e incluso algún docente más nos lo hizo saber por teléfono».
El día que dio a conocer la presunta denuncia se tildó de «irresponsabilidad» del Gobierno andaluz «el sinsentido de este caso». El cruce de acusaciones y declaraciones de todos los partidos y algunos sindicatos cobró máxima repercusión. Algunos docentes llegaron a leer un comunicado en la puerta de los juzgados.
Desde que se desvelaron estas circunstancias, el hermetismo se ha apoderado del centro y su entorno. Este periódico intentó recoger ayer la versión de su director, Antonio García, que no quiso pronunciarse salvo para pedir «cautela» y expresar que «nuestra mayor preocupación es proteger a la menor». El actual responsable del Juzgado de Primera Instancia tampoco quiso ofrecer más detalles aclaratorios. Ni siquiera sobre la inexistencia de la denuncia que desató toda la polémica.
