La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía va a destinar en la provincia de Córdoba una partida de 758.436 euros para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios con 46 nuevos profesionales, con el objetivo de agilizar la tramitación de la Renta Mínima.
Según ha explicado la consejera Rocío Ruiz, estos nuevos profesionales se unen a los 61 que se están contratando por las entidades locales de Córdoba a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS), por lo que la suma total será de 107 profesionales.
En toda Andalucía, será más de 6,9 millones de euros (6.952.731,27 euros) para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios con 422 nuevos profesionales. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicará en los próximos días la distribución por categorías profesionales y los créditos correspondientes a cada entidad local.
En lo que respecta a la provincia de Córdoba, la consejera ha informado que, según la Orden que se publicará en el BOJA, “se van a transferir créditos a las entidades locales por valor de 401.546,70 euros a fin de reforzar dichos servicios en personal administrativo en todos los centros (27), y un total de 356.890,11 euros para un trabajador o trabajadora social en cada uno de los centros de los servicios sociales comunitarios (19) que no coinciden con Zonas Desfavorecidas”.
Ruiz ha resaltado que esta medida se justifica “en las importantes funciones que las entidades locales desarrollan en el acceso a esta prestación, entre otras, la elaboración de los planes de inclusión sociolaboral de las unidades familiares perceptoras de la Renta Mínima”.
El objetivo no es otro que “fortalecer la plantilla de estos servicios de forma permanente para que en un futuro próximo realmente sean la puerta de entrada del Sistema Público de Servicios Sociales y pueda acabarse con las listas de espera que hay en algunos centros de servicios sociales”, ha destacado.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha avanzado también que entre otras medidas “vamos a reforzar la formación y la información a los profesionales de los servicios sociales comunitarios sobre esta prestación, aspecto fundamental para que la ciudadanía acceda a esta prestación, desplazándonos a todos los municipios que sea preciso”.
La consejera ha denunciado que el anterior Gobierno socialista dejó de invertir en 2018 más de 141 millones de euros, de los 198 millones que estaban presupuestados, ejecutando por tanto sólo 56,9 millones de euros. “Es un problema derivado de la manifiesta incapacidad de gestión del Gobierno socialista en esta materia, ya que aprobó el Decreto Ley de la Renta Mínima sin haber realizado una labor previa de información, planificación y adecuación de medios técnicos y de personal”, ha subrayado.
“Frente a esta dejadez e incompetencia del anterior Gobierno, nosotros cumplimos nuestros compromisos, mediante una inversión presupuestaria importante y un refuerzo de personal fundamental para que la Renta Mínima llegue a una población especialmente vulnerable”, ha finalizado la consejera.
