El PP ha solicitado por registro de entrada del Ayuntamiento de Córdoba que el concejal delegado de Seguridad, José Joaquín Cuadra, comparezca ante el próximo Pleno para dar explicaciones sobre el caso Torreblanca, por el que se expedientó a cinco policías locales, a raíz de la construcción ilegal de chalés por varios agentes.
En rueda de prensa, el concejal del PP en el Ayuntamiento Federico Cabello de Alba manifestó que “han ocurrido hechos muy graves en su área y tiene que dar explicaciones de ello, por lo que no puede seguir ocultándose”.
Según dijo, Cuadra “tiene que entender que tiene que dejar de comportarse como si fuese todavía el responsable del gremio del taxi y entender que es el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba”.
Para el PP, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), ha llevado a cabo “una maniobra de confusión al mezclar las responsabilidades políticas y penales”. En este sentido, Cabello de Alba explicó que el PP no tiene intención de hacer una investigación administrativa o penal, sólo que no quieren que se esté engañando a los cordobeses diciendo que no hay responsabilidades políticas en este caso. Por tanto, añadió que si por ejemplo la Gerencia de Urbanismo funciona mal, existe una responsabilidad política.
Al respecto, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Rafael Blanco (PSOE), subrayó que apoyarán la comparecencia de Cuadra y añadió que si fruto de las actuaciones judiciales, de los expedientes administrativos y de los resultados de esas comparecencias públicas en distintos órganos municipales se establece que puede haber otro tipo de responsabilidades, el PSOE será el primero en sumarse a pedir una camisón de investigación.
Por su parte, el portavoz de IU en el gobierno municipal, Francisco Tejada, lamentó que el PP intente “manchar el nombre del conjunto de la Policía Local de Córdoba” y recordó también que mientras continúe el proceso judicial se van a mantener paralizadas las sanciones a los agentes implicados.
La Fiscalía de Córdoba informó ayer de que en este caso podrían existir algunos delitos como una “presunta falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística”. También, manifiesta una “presunta alteración de un registro oficial para dar por tramitados en una fecha en que realmente no lo fueron, dos expedientes de infracción urbanística, en que los supuestos infractores eran o estaban relacionados con la Policía Local”.
También alude a una “supuesta desaparición de datos del registro oficial de la Policía Local”, denominado ‘SIP-Expedientes de Disciplina Urbanística’, si bien han sido todos recuperados por la actuación de los técnicos informáticos. Asimismo, apunta una “supuesta desaparición de un acta de infracción urbanística”.
IU y PSOE rechazaron la semana pasada la propuesta presentada por el PP en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba sobre la creación de una comisión de investigación para que depure responsabilidades políticas por este caso, por el que se expedientó a cinco policías locales, a raíz de la construcción ilegal de chalés por varios agentes.
