Personas con discapacidad en españa

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A diferencia de otros sistemas de discapacidad en las economías desarrolladas, el sistema español permite a los individuos con discapacidades parciales trabajar a la vez que reciben prestaciones por discapacidad. El rompecabezas es, sin embargo, que las tasas de empleo en este grupo de individuos son muy bajas. El objetivo de este trabajo es entender los incentivos y desincentivos al trabajo que ofrece el régimen de incapacidad parcial en España. En primer lugar, se presenta un modelo teórico de búsqueda de empleo para individuos con discapacidad parcial y, a continuación, se estima un modelo complementario de duración logarítmica. Según ambos modelos, la probabilidad de encontrar un empleo disminuye con el nivel de discapacidad, la edad a la que el individuo comienza a recibir las prestaciones por discapacidad y el aumento de la tasa de desempleo local. Además, como resultado de un aumento en el nivel de las prestaciones por discapacidad, encontramos un fuerte efecto de sustitución que reduce la probabilidad de que los individuos discapacitados mayores de 55 años encuentren un trabajo a casi cero, en ambos modelos. Simulamos que el fuerte efecto de sustitución sería sustituido por un efecto de renta igualmente grande aunque el aumento de las prestaciones no se suspendiera si el individuo encuentra un empleo.

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Ante la inaccesibilidad de los edificios y la insuficiencia de los servicios de apoyo, 100.000 personas con discapacidades físicas, incluidas las de edad avanzada, permanecen atrapadas en sus hogares en España, según un nuevo e impactante informe publicado la semana pasada.

Los investigadores examinaron la situación de los 2,5 millones de personas con discapacidades físicas que viven en España y descubrieron que más de 1,8 millones de ellas necesitan ayuda para poder salir de sus casas. Los que no pueden obtener ese apoyo están condenados a permanecer dentro, algo que podría cambiar fácilmente si los propios edificios fueran accesibles. “Nos encontramos con personas que están presas en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio”, explica Laura López, directora de la Fundación Mutua de Propietarios, uno de los dos grupos coautores del informe.

En 2007, España ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que exige a los gobiernos que garanticen que el entorno físico y los servicios públicos, incluida la vivienda, sean igualmente accesibles para las personas con discapacidad que para las que no la tienen.

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La Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (Ley 13/1982), ampliada por la Ley de No Discriminación de 2003 (Ley 51/2003), y la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2007 (Ley 49/2007) son las principales normas sobre medidas de apoyo a los empresarios en España.

Los empresarios que contratan a un trabajador discapacitado mediante un contrato de trabajo indefinido tienen derecho a una subvención de hasta 901 euros para adaptar los locales, a una deducción de 6.000 euros en el Impuesto de Sociedades y a una subvención salarial de hasta 3.907 euros por empleado. Los empresarios también se benefician de una bonificación en la cotización a la Seguridad Social. La cuantía de la bonificación se fija en función del perfil del empleado, oscilando entre 4.500 euros anuales para un empleado con una discapacidad inferior al 65%, hasta 5.100 euros para un empleado con una discapacidad igual o superior al 65% y para una empleada con cualquier discapacidad y hasta 5.700 euros si el trabajador es mayor de 45 años. Estos regímenes exigen que el empresario mantenga al trabajador durante al menos 3 años.