La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha recalcado la “solidaridad” de la Junta de Andalucía con el sector del aceite de oliva, con el que “estamos en contacto, a primer nivel, para lanzar una serie de actuaciones y que hay que poner en marcha lo más rápidamente posible”.
Al respecto, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que interceda ante la Unión Europea en su apoyo a estos productores solicitando la actualización de los umbrales de referencia para la activación del almacenamiento privado de este producto contemplados en la Organización Común de Mercados (OCM).
De igual forma, Crespo ha reivindicado que todas las administraciones ejerzan sus competencias en este ámbito como está haciendo el Gobierno andaluz, y ha demandado al Ejecutivo central que solicite la modificación de estas referencias en la nueva OCM, ya que “hace 20 años que no se han actualizado y por tanto, en estos momentos, para hacer almacenamiento privado tiene que ser un precio muy bajo”.
Se trata, como ha recalcado la consejera, de una medida que “está pidiendo el sector” y que se sumaría a la retirada de aceite de oliva que están llevando a cabo algunos productores andaluces. Carmen Crespo ha aplaudido esta medida, que considera “un acierto para regular el precio”, ya que parece que se está registrando cierto repunte en el precio del aceite de oliva.
En este encuentro también se ha abordado la situación del sector de los cítricos y, al respecto, la consejera ha explicado que desde Andalucía “vamos a pedir que haya un control muy exhaustivo de los contingentes y también de los fitosanitarios” en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) que existen en la Comunidad Autónoma.
Asimismo, los participantes en la reunión celebrada en Madrid han comentado diversos aspectos de interés relativos a la nueva Política Agrícola Común (PAC) tras 2020. Con respecto a este último asunto, Carmen Crespo ha insistido en la necesidad de que la mayor ambición ambiental de la PAC post 2020 debe ir acompañada de un presupuesto suficiente y una valoración adecuada tanto de los sistemas productivos que mejor gestionen los recursos naturales como del esfuerzo ambiental de los agricultores.
