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CALLEJERO
El juez cita a declarar como imputados a cinco militares por 62 homicidios por imprudencia
23-05-2008 13:34:57 El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska citó hoy a declarar como imputados para los próximos días 23 y 24 de junio a cinco miembros que se encontraban en la cúpula militar en 2003 por 62 homicidios por imprudencia grave en relación con la causa que investiga las posibles irregularidades que se cometieron en la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló en mayo de ese año causando la muerte de todos sus ocupantes. El magistrado cita al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye “todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas”; y del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera “responsable de la contratación” del aparato. Los otros tres mandos militares que comparecerán en el Juzgado Central de Instrucción número 3 son el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo. El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. “OMISIÓN” POR PARTE DEL EMACON Grande-Marlaska, que accede de esta forma a la solicitud que le realizó ayer el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, justifica la imputación de los cinco militares por “un delito de imprudencia grave con resultado de distintas muertes”. A todos ellos les atribuye la “omisión” en “el control efectivo del cumplimiento del contrato de ventas” que el Ministerio de Defensa suscribió con la agencia de la OTAN Namsa para el desplazamiento de tropas en Afganistán. La “responsabilidad” que pueda derivarse de la instrucción corresponde al EMACON porque, según argumenta el magistrado, este organismo fue el que contrató el vuelo con Namsa, que se encargó, por su parte, de actuar como “agente de contratación” de los aparatos. Para ello, elaboró una lista de “empresas adecuadas” para desarrollar los vuelos, preparó el contrato, lo administró y lo formalizó. El juez también advierte de que la imputación no excluye “una investigación sobre el abono del precio” del vuelo y su “destino efectivo”. El 75% del dinero invertido en la contratación (149.000 euros) se perdió en la cadena de subcontrataciones, según puso ayer de manifiesto el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos. De igual modo, Grande-Marlaska rechaza la imputación de otros 15 militares y civiles que solicitó la representación legal de un grupo de familias de las víctimas, al considerar que esta pretensión “se sustenta en extremos ajenos a la responsabilidad que se investiga”. Este colectivo, representado por el abogado Leopoldo Torres, había solicitado también la imputación, entre otros, del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el teniente general Luis Alejandre Sintes; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), el teniente general Eduardo González-Gallarza Morales; y dos responsables de la compañía intermediaria Chapman Freeborn. REAPERTURA DE LA CAUSA La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska. Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y otros cinco mandos militares. También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a “piratas aéreos”. En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de los cadáveres, que se encuentra en los trámites previos al juicio oral.
